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El problema sustantivo más importante que plantean las leyes básicas es la determinación de qué es lo básico, por cuanto sólo este contenido corresponde a la ley estatal, que no puede así invadir las competencias autonómicas para desarrollar normativamente el contenido no básico de la legislación de una materia (STC 13/1989, de 26 de enero [RTC 1989, 13]).
El TC ha indicado reiteradamente (SS. de 28-06-1981; 25/1983, de 7 de abril) que «no es fácil determinar en cada caso concreto cuáles son las bases de una determinada materia… y hay que considerar imposible cualquier intento de relación apriorística». Sin embargo, el TC se ha pronunciado por una definición material de lo básico identificándolo con aquellas normas cuya aplicación debe extenderse a todo el Estado, estableciendo un común denominador normativo, por cuanto el interés general exige una uniformidad legislativa en los puntos esenciales de una concreta normativa [así, en las SSTC 25/1983, de 7 de abril (RTC 1983, 25); 248/1988, de 20 de diciembre (RTC 1988, 248); 197/1996 y 50/1999, de 6 de abril (RTC 1999, 50)]. Por otra parte, el Estado al establecer la legislación básica no puede hacerlo con tal detalle o de forma tan acabada que impida el que las Comunidades Autónomas tengan «espacio normativo» bastante para desarrollar las bases establecidas por la legislación estatal de suerte que puedan adoptar sus propias líneas políticas en la materia que satisfagan sus propios intereses (SSTC 49/1988, 147/1991, 156/1995 y 50/1999). Idea que ha recogido el artículo 111 del Estatuto catalán con relación a las competencias compartidas que le atribuye. Es decir, el concepto de lo básico también tiene sus propios límites institucionales: todo lo necesario para establecer el común denominador normativo en el Estado, pero sólo lo necesario para lograr tal finalidad, de modo que no se coarte la competencia autonómica de desarrollo de las bases. En este sentido, debe afirmarse que algunas leyes básicas en vigor tienen una densidad normativa excesiva.