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Con el absolutismo, especialmente en los siglos XVII y XVIII, se desarrollará la llamada Ciencia de la Policía, precedente del Derecho Administrativo, debida a la cameralística alemana y al despotismo ilustrado francés, que sistematizó en base a unos principios generales las formas de la acción pública para la satisfacción del interés general. Lo que importa es el derecho al servicio del poder, pero en el período absolutista también existieron ámbitos en los que la actuación del Poder público estaba sometido a un control de los jueces y tribunales de la época, aunque debe recordarse que estos jueces y tribunales no eran realmente un poder independiente, sino una parte de la organización de la Monarquía absoluta. Por otra parte, los únicos derechos que se podían hacer valer frente al Poder ante los jueces de la época eran lo protegidos por el Derecho privado particularmente el derecho de propiedad y los contratos celebrados por el Poder (doctrina de los iura quaesita); o los derechos de carácter público que se establecían en los fueros y privilegios otorgados por el Rey y defendidos por los gremios, las corporaciones municipales, o los estamentos. En este período del Estado absoluto, especialmente en los Estados alemanes, que son la cuna del Derecho Público anterior a las Revoluciones Liberales, aparece la institución del Fisco, como personificación jurídica ad hoc del Poder, para poderlo someter al control y, en su caso, condena de los jueces y tribunales. En la propia España esta preocupación por la Ciencia de la Administración o del buen gobierno cuenta con una valiosa aportación doctrinal, como es el caso de la obra de Puig i Gelabert, Elementos de Policía (1794), la de Valeriola, Idea general de la Policía o Tratado de Policía sacado de los mejores autores que han escrito sobre este objeto (1798) Dou i Bassols, Instituciones de Derecho Público General de España (1800-1803), o Foronda, Cartas sobre la Policía (1801).