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Frente al modelo del Reino Unido los revolucionarios franceses que implantan el Estado de Derecho van a hacer de la Administración Pública un poderoso instrumento para la plena afirmación de los nuevos valores liberales, y para ello van a dotarla de un sistema jurídico nuevo, basado en el reconocimiento de la potestad reglamentaria, de una serie de prerrogativas y privilegios de su actividad, y un sistema de control de su actividad no atribuido al Poder judicial. Muchas de las prerrogativas y privilegios de la Administración Pública provienen del Antiguo Régimen y su mantenimiento se justifica por la afirmación del principio de legalidad y en el sistema de controles de su ejercicio para garantizar los derechos públicos subjetivos que se reconocen al ciudadano. Estas prerrogativas y privilegios sitúan a la Administración en un plano de supremacía jurídica respecto a los administrados que diferencia este sistema jurídico del anglosajón.

Pero la novedad más relevante, que a la larga iba a tener mayor relevancia en la elaboración del Derecho administrativo, es la atribución de la competencia para la resolución de los recursos contra las disposiciones y actos de la Administración a un órgano de ella misma: el Consejo de Estado francés. La exclusión del control por los jueces y tribunales que se establece por la Ley 16-24 de agosto de 1790 y cuyas razones históricas se estudian en la Lección 20, permite que el Consejo de Estado elabore una jurisprudencia, especialmente a finales del siglo XIX y principios del XX, que afianzara el nuevo Derecho para la Administración Pública. El nuevo Derecho dejará pronto de ser un conjunto de especialidades del Derecho común privado, para constituirse en un nuevo ordenamiento jurídico regido por principios propios y capaces de llenar con soluciones jurídicas propias las posibles lagunas de su sistema normativo. Un Derecho que junto a las prerrogativas de la Administración reconocerá una serie de derechos de los ciudadanos para controlar el ejercicio del poder y el restablecimiento de sus derechos violados y la responsabilidad de la Administración Pública, y no sólo la de los funcionarios o autoridades que deciden la acción que causa el daño.