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iii) Establecimiento, en fin, de obligaciones o cargas (constitución de fianzas, dotación de fondos de garantía, etc.) que vienen a recortar (por ej., determinando si los operadores son de verdad honorables, disponen de los «recursos propios» exigibles, y cumplen en definitiva el llamado fit and proper test) la autonomía de los agentes económicos bien directamente o bien mediante la previa formulación de los oportunos juicios de mérito en aras de la protección de la «parte más débil». Y entiéndase bien que un juicio de «mérito» excede del ordinario control causal, propio del Derecho privado, aún no desaparecido de nuestros sistemas legales. El recuerdo de semejante distinción es trascendental para entender que los juicios de mérito –a veces denostados por los pensadores más ultraliberales como expresión de inaceptables actitudes «paternalistas»– penetran en cuestiones y territorios distintos de esa esfera civil, que miran más bien a factores de oportunidad o correspondencia con otros valores sociales, de los que no pueden abdicar las sociedades democráticas bien ordenadas, y que explican suficientemente su apreciación en sede administrativa y también su articulación jurídica por medio de la técnica de autorizaciones u otros expedientes semejantes.