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La regulación de los contratos celebrados con consumidores está recogida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, articulando las distintas normas que de forma sucesiva se han ido produciendo en nuestro país, y que han sido modificadas por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, cuya finalidad no ha sido otra que la de lograr la necesaria adaptación de nuestro derecho a la Directiva 2011/83 de 25 de octubre sobre los derechos de los consumidores. En dicho texto refundido se establecen una serie de disposiciones generales que partiendo de la exigencia de una rigurosa información previa a la celebración del contrato, de la integración del mismo con la oferta, la promoción y la publicidad, a la que, como ya se ha indicado, cada vez se le exige una mayor información, así como de normas propias sobre su interpretación, tal como ya se ha venido, también, resaltando, establecen además de forma expresa: por un lado, que en la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca la voluntad del consumidor de celebrar el contrato, o, en su caso de poner fin al mismo; y por otro lado que en los contratos de prestación de servicios o de suministro de bienes, de tracto sucesivo o continuado se prohíben cláusulas de duración excesiva, o que establezcan limitaciones que obstaculicen o excluyan el derecho del consumidor a poner fin al contrato. El consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, debiendo establecerse expresamente el procedimiento a través del cual puede hacerlo (arts. 59 y ss.). Al propio tiempo se establece que no se podrá hacer obligatoria la comparecencia personal del consumidor y usuario para realizar cobros, pagos o trámites similares, debiendo garantizarse, en todo caso, la constancia del acto realizado.