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En cuanto a las garantías predicadas específicamente del proceso penal, contribuyen a definir el principio acusatorio que inspira nuestro proceso penal (separación clara entre acusador y juez, así como entre juez instructor y juez juzgador, que la carga de la prueba recae en la acusación puesto que existe presunción de inocencia y que debe existir igualdad de armas entre acusación y defensa. Como derechos específicos, se pueden citar, el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a no confesarse culpable y no declarar contra sí mismo, el derecho a la presunción de inocencia, y el derecho a no ser obligado a declarar cuando exista relación de parentesco o secreto profesional.

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1.3.11. Derecho a la educación

Artículo 27 CE.

El art. 27 de la CE acoge la concepción de la educación para configurarla como una prestación constitucionalmente debida y directamente exigible. Se recoge simultáneamente en el ap. 1.º el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, como derechos públicos subjetivos. Mediante este derecho, las personas en edad de formación pueden exigir de los poderes públicos una educación de carácter gratuito, que quedan obligados a proporcionar este servicio.

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