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Artículo 24 CE.

Se trata de una de las garantías más notables reguladas en la CE, y conlleva que los Tribunales deben amparar la vigencia de los derechos individuales, protegiendo a su titular y sancionando a quien los vulnera.

Puede decirse que se traduce en derechos que son de titularidad universal (españoles y extranjeros, incluso en situación irregular, STC 236/2007) y su eficacia tiende a ser absoluta, es decir, no suelen admitir ponderación en caso de colisión con otros derechos o valores fundamentales. Así, el ámbito de la tutela judicial efectiva viene dado solo por las actuaciones judiciales, a sensu contrario, dejaría fuera de su ámbito de protección, las actuaciones extrajudiciales (p.ej. los arbitrajes como vía de resolución de conflictos).

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Su contenido es uno de los más complejos de la regulación constitucional. Atendiendo a sus dos apartados, estos parecen abordar, por un lado, el derecho de acceso a los tribunales, y por otro, las garantías procesales en el ámbito penal. La interpretación constitucional ha ido sin embargo mucho más allá y en su planteamiento reconoce que el derecho de acceso a la jurisdicción implica de por sí, ciertas expectativas de conducta adicionales al simple acceso, así como ciertas garantías procesales que se proyectan sobre todo tipo de procesos, no solo penales. En su conjunto, estaríamos ante un derecho al «debido proceso».