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El derecho de acceso a la jurisdicción o tutela judicial efectiva, engloba el derecho de acceso a los tribunales mediante una interpretación favorable al ejercicio del derecho (STC 206/1987), derecho a que la tutela judicial sea efectiva, lo que se traduce en el derecho a no sufrir indefensión (STC 101/2001) a obtener una resolución motivada sobre el fondo (STC 146 y 165/2008), a utilizar los recursos procesales previstos por las leyes, derecho a la ejecución de las sentencias (224/2004), derecho a la indemnidad, de forma que nadie pueda sufrir represalias por ejercer sus derechos (STC 14/1993) o el derecho a ejercer la acción popular en materia penal. Asimismo, engloba el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley (STC 60/2008), derecho a que el juez sea imparcial (STC 231/2002), derecho a la publicidad del proceso como máxima garantía de transparencia, derecho a la asistencia letrada (STC 199/2003)), derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (STC 93 y 94/2008), derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, o el derecho a la prohibición de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (STC 81/1998).