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Pero, mientras que, como acabamos de decir, la reforma de 1978 y años posteriores rehízo la normativa de años anteriores, no sucedió lo mismo con la LGT. Ésta fue objeto de numerosas modificaciones con el paso del tiempo. Especialmente hay que tener en consideración las reformas de 1985 y 1995, ambas muy centradas en la del régimen de infracciones y sanciones tributarias, aunque también abordaron otros aspectos, intentando acomodar la LGT a la configuración del sistema tributario que había nacido de la reforma de 1978. Con todo, hay que decir que se trató de «parches», insuficientes incluso a este respecto. En 1998 se agregó a la LGT el llamado «Estatuto del Contribuyente», la Ley de Derechos y Garantías. En ella se modificaron varios de los preceptos de la LGT, como el relativo a los plazos de prescripción, mientras que otros quedaban fuera, sin incorporarse al Código general. Y, además, hay que tener en consideración que la LGT de 1963 era un texto preconstitucional, que, pese a todo, continuaba manteniendo en su articulado normas incompatibles con la Constitución. Como botón de muestra, digamos que aún se mantenía en ella un precepto que consideraba como primer titular de la potestad reglamentaria al Jefe del Estado. Era necesaria una nueva LGT y, finalmente, al cumplirse los 40 años de su nacimiento, fue aprobada en fecha 17 de diciembre de 2003 esta nueva LGT, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de julio de 2004.