Читать книгу Derecho Financiero y Tributario. Lecciones de cátedra онлайн

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El Real Decreto es la norma idónea para recoger las disposiciones reglamentarias de ámbito estatal, entendiendo por tales las disposiciones generales aprobadas por los órganos competentes del poder ejecutivo. Así, los Reales Decretos como normas de desarrollo y ejecución de las leyes, o bien como normas independientes dictadas en virtud de la potestad reglamentaria, forman parte del ordenamiento jurídico y tienen su propio espacio en el campo de las fuentes del Derecho Financiero. Y en relación con esta fuente se van a tratar las siguientes cuestiones: la titularidad de la potestad para dictar reglamentos en materia financiera; el ámbito material de los mismos; y las clases de reglamentos.

La titularidad de la potestad reglamentaria estatal aparece atribuida por nuestra Constitución al Gobierno (artículo 97), y lo hace con carácter general y para todas las materias, entre las que se encuentra naturalmente la jurídico-financiera. Los Reales Decretos son, por lo tanto, el instrumento formal en el que se plasma la potestad reglamentaria del Gobierno. La CE no hace una reserva material para esta clase de normas, por lo que, más que un ámbito material propio, los Reales Decretos cumplen una función propia: la de desarrollo o ejecución de las leyes, respetando los límites impuestos por los principios de reserva y preferencia de ley. Los Reales Decretos que cumplen esta función son los denominados reglamentos ejecutivos o secundum legem. Pero junto a ellos hay otras modalidades de colaboración de la potestad reglamentaria con la ley que obedecen a fenómenos de deslegalización específicos de la materia tributaria, como sucede con la determinación de las cuotas del IVA mediante el régimen de estimación objetiva (aunque, anormalmente, estas disposiciones se aprueban por Orden Ministerial). Se trata de reglamentos dictados para regular ciertas materias en virtud de remisiones contenidas en la ley, y la cuestión estriba en determinar hasta qué punto se puede producir una remisión al reglamento sin vulnerar las exigencias del principio de reserva de ley. Hay que recordar que en materia tributaria esta reserva es relativa y, en consecuencia, la ley podrá remitir al reglamento la regulación de cuestiones de detalle y las demás que la propia ley acote, cuestión que ha sido analizada más detenidamente en el ssss1 de la ssss1.