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Este argumento, como puede verse, está enderezado a disipar un temor y, sin duda, está cargado de ambigüedad. Qué fácil es denunciar la confusión posible entre el interés particular de los fabricantes y el interés general de la economía nacional, subrayar que la parte de los costes sociales en el precio de coste de un producto es imposible cifrar, sino claramente limitada; qué fácil es quejarse de la utilización abusiva de estos razonamientos con fines proteccionistas, y hacer notar su poca solidez en la medida que los Estados retienen el derecho soberano a ratificar cualquier convenio adoptado. Más aún, en muchos casos los legisladores nacionales no esperaron la votación de los instrumentos internacionales para proveer garantías a los trabajadores y, muy por el contrario, la industria no sufrió como resultado.

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Dicho todo esto, el argumento continúa a tener una gran influencia en los debates internacionales, tanto más cuanto que la Constitución de la OIT indica que al “elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países”. El temor de una competición desleal se refleja por ejemplo en la problemática de la cláusula social, es decir en la idea de complementar los tratados de comercio internacionales con una cláusula que impone mínimas o equitativas normas laborales. El vínculo entre normas internacionales de trabajo y sanciones económicas daría a las primeras una fuerza que muchas veces les falta.