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De forma subsidiaria solicita la declaración de improcedencia del despido.

Asimismo, solicita el abono de una indemnización adicional por importe de 12.000 € en aplicación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 5/200 de 4 de agosto, al considerar como falta muy grave la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora al coartar su libertad para ser madre y formar una familia, teniendo en cuenta para su graduación la ofensa, la antigüedad, así como el tamaño de la empresa.

En el acto de juicio oral, la empresa se opuso a la declaración de nulidad del despido aceptando la improcedencia del mismo al no poder acreditar la existencia de las causas objetivas que se señalan en la carta de despido, ofreciendo la correspondiente indemnización al considerar que se trata de un despido sin causa, y que al amparo de lo prevenido en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, el mismo debe ser declarado improcedente con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, pero no como nulo, puesto que, a su entender, no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 55 del ET.