Читать книгу Los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta онлайн

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Con arreglo a lo establecido en el artículo 778 bis de la LEC, en el que se establece el cauce procesal para estas actuaciones, la Entidad Pública, que ostente la tutela o guarda de un menor, y el Ministerio Fiscal –legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso del menor–deben acompañar la solicitud de la valoración psicosocial que justifica el ingreso. Añade el artículo que el Juzgado recabará, al menos, dictamen de un facultativo por él designado, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que considere relevante para el caso o le sea instada.

La terminología que emplean las normas genera dudas sobre las características de los profesionales que hacen este doble diagnóstico. LÓPEZ AZCONA entiende que tal informe habrá de emitirse conjuntamente por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, pero también, a su juicio, por médicos psiquiatras, en cuanto su intervención resulta esencial para detectar cuándo un problema de conducta esconde un trastorno mentalssss1. Efectivamente, el trastorno mental puede ser evaluado y diagnosticado por un psicólogo especialista en psicología clínica.