Читать книгу Estudios procesales sobre el espacio europeo de justicia penal онлайн

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No cabe duda de que, de una u otra forma, estas libertades comunitarias nucleares para la esencia de la Unión Europea, se ven amenazadas ante fenómenos contemporáneos de delincuencia organizada transfronteriza grave. Por tanto, una primera tarea normativa para la Unión Europea, tomando como base la regulación penal y también económica de la propia Unión, sería establecer una base dogmática general de derecho penal, para la cual ofrece cobertura normativa la previsión del art. 83 TFUE al establecer la posibilidad de regular normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos de especial gravedad y que tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes. Así, por ejemplo, podría emprenderse la labor de conformar un Corpus Penal comunitario europeo, determinando la figura del delincuente transfronterizo en criminalidad (organizada) grave, su participación en el delito, la relación de tipos penales y sus consecuencias. Sin olvidar, claro está, la inclusión en dicho catálogo y previsiones, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como elementos de prevención de la reincidencia y resocialización post-delictiva. Esta apuesta común no sería óbice para que los sistemas penales y procesales penales nacionales, modelados particularmente desde tradiciones jurídicas, historias y sociales de siglos, puedan mantenerse en relación con el resto de delincuencia que no sea transfronteriza grave en el entorno de la Unión Europea. Este primer paso, de armonización del derecho penal en la Unión Europea contribuiría decisivamente para el posterior desarrollo de la europeización de un modelo de proceso penal en un contexto de cultura jurídica común en lo que afecta a la persecución de la delincuencia transfronteriza grave, siempre como un activo que mejore y refuerce el entramado procesal penal nacional y que tenga un impacto común positivo para la Unión y todos los Estados miembros.