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Sorprendente fue, en cambio, la escasa atención que la LRM prestó a la Directiva, al punto de que omitió incluir en el articulado que se ocupa de la ejecución de una orden de detención europea el novedoso aspecto de la doble defensa que prevé la norma europeassss1. Extremo que, tres años después y mediante la reforma llevada a cabo por la Ley 3/2018 anteriormente citada, por fin corrigió merced a la reforma de los artículos 39 y 50 LRMssss1.

Y una última consideración de importancia derivada de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo: la clarificación de que la nueva regulación garantiza la personación del letrado aun en el caso de que el investigado se halle sustraído de la acción de la Justicia, práctica que, si bien venía siendo negada por el Tribunal Constitucional español, la STC 24/2018, de 5 de marzo (RTC 2018, 24), matizó su postura tras un proceso de reflexión interna, quedando finalmente vetada la posibilidad de impedir la personación por la STJUE de 12 de marzo de 2020 (VW, C-659/18) [TJCE 2020, 35], en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badalona sobre el alcance de la proyección del artículo 3.2 de la Directiva 2013/48/UEssss1.