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Vaya por delante lo clarificador de la sentencia y la relevancia que ha tenido y debe tener para unificar criterios y provocar una correcta aplicación de los derechos en cuestión. Sin embargo, permanecen algunas dudas, advertidas fundamentalmente desde la abogacía, crítica con la negativa a un acceso pleno al atestado.

En primer lugar, al no concretar para la praxis unos parámetros claros, determinantes y de difícil discusión aboca cualquier discrepancia con los agentes policiales sobre si se ha cumplimentado debidamente el derecho (y correlativo deber) de información y qué elementos de las actuaciones resultan esenciales en el caso concreto, al procedimiento de habeas corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. Procedimiento que se ha revelado ineficaz hasta la fecha para la solución de estas lesiones, dada la escasa permeabilidad a este tipo de denuncias y la frecuencia de su inadmisión a limine; más aún cuando de derivar en un recurso de amparo, la estimación del mismo y declaración de nulidad del auto dictado en el procedimiento de origen de habeas corpus deviene inocuo si no viene acompañado de un sistema de compensación de la lesión.