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Por otra parte, resulta comprometido trasladar toda la carga de exigibilidad de derechos al propio detenido, obviando que como lego en Derecho y dada su situación de privación de libertad, es difícil que pueda exigirlos de manera eficaz y que debe ser el letrado quien canalice cualquier petición de derechos si realmente se pretende que sean efectivos.

La Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2018, publicada poco después del dictado de la segunda sentencia citada, con la finalidad expresa de salir al paso de la disparidad de criterios observados hasta la fecha, ha establecido algunas pautas de actuación al respecto nada desdeñables de cara a mejorar la seguridad jurídica en un ámbito tan sensible. Y tiene el acierto de abordar además algunas cuestiones de importancia (v. gr. modo de acceso, gratuidad del procedimiento, exigencias particulares en determinadas actuaciones concretas –incomunicación del detenido; detención en espacios marinos; límites del acceso en caso de estar decretado el secreto– y procesos especiales), apenas esbozados en la Ley.