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Por ello, cabe afirmar que el reconocimiento de la capacidad para dictar leyes representa otorgar a esos ordenamientos la máxima potencia político-jurídica y negársela implica, en todo caso, situar a ese ordenamiento en una relación de una cierta subordinación. Para sustraerse a este tipo de relaciones, al menos en ciertas materias, algunas Constituciones (entre las que se encuentran algunas sudamericanas) atribuyen a las Entidades locales capacidad para dictar leyes que, en tal sentido, se ordenan directamente con la Constitución como cualquier otra ley; pero éste no es el supuesto europeo, ni por tanto el español, en el que las leyes son normas exclusivas de los ordenamientos estatal y autonómico, por ser el Estado y los Estados federados o las Regiones o Comunidades Autónomas, las únicas entidades de potencialidad política general o plena, que se expresa en su organización conforme al principio de división de poderes y la consiguiente atribución de la función legislativa, a la que se subordinan los reglamentos de los Poderes Ejecutivos y la Administración que de ellos depende.

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