Esta terminología interpreta el sentido del artículo 37.1 LPC consagrando el principio de legalidad de los actos administrativos respecto de los reglamentos, establece que «las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general». El precepto expresa simplemente la subordinación del mundo de los actos administrativos (resoluciones administrativas de carácter particular) al de las normas y, en concreto, al de los reglamentos administrativos (disposiciones administrativas de carácter general). Veamos un ejemplo: un acto, dictado por el Consejo de Ministros sobre una materia regulada en un reglamento aprobado por un Ministro, no puede vulnerar lo establecido en este reglamento, por cuanto todo acto, en virtud del principio de legalidad, debe ampararse en lo dispuesto en una norma previa, que es la que otorga potestad de actuar a la Administración.