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Finalmente, constituye también un límite de los reglamentos la violación del principio de confianza legítima, recogido en la jurisprudencia del TJCE, cuyo concepto y alcance hemos analizado en la lección 4. Pero a diferencia de las leyes en relación con las cuales este principio no juega en el Derecho español, sí lo hace con relación a los principios que debe respetar la actuación de las Administraciones Públicas (art. 3.1.e LPC), y en el caso de los reglamentos el artículo 129.4 LPC. puede considerarse integrado el principio de confianza legítima en base a la necesidad de que el reglamento genere un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre.

Con relación específica para la aprobación de los reglamentos el art. 129 LPC impone el respeto a los que denomina Principios de buena regulación; a) principio de necesidad y eficacia, que impone la justificación de la norma y su adecuación a los fines perseguidos; b) principio de proporcionalidad, que obliga que la norma contenga la regulación imprescindible para el fin que persigue, sin que existan otras medidas menos restrictiva de derechos a los interesados o que les impongan menos obligaciones; c) principio de seguridad jurídica haciendo que la norma sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico; y principio de transparencia de acceso a la participación en la elaboración del reglamento y de exposición clara de sus objetivos.

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