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La Constitución trasciende ampliamente su significado meramente jurídico: como suprema norma del ordenamiento jurídico. No se puede analizar la Constitución sin considerar su significado político. En este sentido, y prescindiendo del alcance de las normas fundamentales y pactos que se suceden desde la Edad Media hasta el siglo XVII –particularmente con el «Instrument of Government», de 1653, de Cronwell– la Constitución, como supremo texto normativo, es de origen americano y traduce la juridificación del ejercicio del poder político, cuya fuente es únicamente la soberanía popular. Esta idea fundamental rompe con el significado tradicional de pacto que tenían los textos fundamentales anteriores y que se entendían celebrados entre el Rey y el Pueblo o sus distintos estamentos. Como todo el poder deriva del Pueblo, éste no pacta con ningún otro sujeto, sino que instituye la organización política por la que se regirá; en suma, como titular del poder constituyente aprueba una constitución que se impone a todos los demás sujetos políticos, cuyo poder derivará, precisamente, de la propia Constitución. Estas ideas se plasmarán en la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución escrita. Evidentemente, la Constitución americana tiene otras significaciones políticas también decisivas para la ciencia política, como son la consagración de la Teoría de la división de poderes y de la estructura federal del Estado.