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En caso de que el vendedor opte por exigir judicialmente el cumplimiento de los plazos, se le concede al juez una facultad moderadora para que con carácter excepcional y por justas causas apreciadas discrecionalmente señale nuevos plazos o altere los convenidos, determinando, en su caso, los recargos correspondientes (art. 11 de la Ley).

Por otro lado, y para el caso de incumplimiento del deudor, la Ley ofrece un sistema de garantías al acreedor (vendedor o financiador), que se hace efectivo frente a terceros a través del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y el establecimiento de un procedimiento especial para la venta en subasta a través de fedatario público de los bienes adquiridos a plazos, en el supuesto de contratos inscritos en dicho Registro (art. 16).

En el caso de procedimientos concursales, el acreedor goza además de una posición de privilegio sobre los bienes comprados si el contrato consta en documento público o está inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles (art. 16.5).