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En suma, el abogado debe cumplir con el máximo celo y diligencia la misión de defensa que le sea encomendada, ateniéndose en el desempeño de esta función a las exigencias técnicas, deontológicas e incluso morales, que resulten adecuadas para la defensa y tutela jurídica del asunto, pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad civil, que no va necesariamente ligada a la pérdida de una oportunidad procesal o a la causación de un daño patrimonial. Asimismo, el cliente, dada la naturaleza del contrato, que se sustenta en la confianza que en aquél hace surgir la profesionalidad del abogado, dispone de la facultad de resolver el contrato cuando aquélla quiebra o desaparece, pues nadie puede defender o asesorar adecuadamente a otro, cuando no goza de su confianza, sin perjuicio de que la prestación ya realizada deba ser remunerada conforme a los pactos existentes entre las partes, o, en su defecto, según las Normas Colegiadas o por decisión judicial, cuando así se demande y justifique…» (FJ 3).

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