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Lo que determina que resulta preciso y, por tanto, obligatorio para el Abogado como un deber (“debiendo”), el “informar previamente su importe aproximado o las bases para su determinación”.

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Y ello porque el cliente, como consumidor de servicios de asesoramiento jurídico, tiene el derecho a conocer el gasto que le va a suponer y, por ello, el CDAE añade que, igualmente, se ha de informar al cliente de “las consecuencias de una eventual condena en costas”, dado que el conocimiento de esa información, en cuanto un análisis del resultado y del coste de la acción, resulta necesario para que, conociendo esa evaluación de costes y riesgos, pueda tomar la decisión que considere más adecuada.

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Siendo libre la fijación de honorarios en los términos vistos, hay que reconocer la práctica de los colegios de fijar criterios o tablas de honorarios con carácter orientativo. Su valor se circunscribe exclusivamente ahora, con lo dispuesto en el artículo 29 RDEGA, a las tasaciones de costas y jura de cuentas.

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