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Más recientemente, mediante Sentencia 37/2019, de 26 de marzo(recurso de amparo 593-2017), el TC otorga el amparo a la Administración General del Estado concluyendo que hay vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías debido a que la Sala Tercera del TS no había planteado la cuestión prejudicial en el marco de un recurso interpuesto contra el denominado Reglamento del bono social. El TC consideró que se habría lesionado el mencionado derecho debido a que el TS había inaplicado la normativa nacional por considerarla incompatible con el artículo 3.2 de la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas para el mercado interior de la electricidad. Dado que el TS había procedido a dicha inaplicación sin recabar antes la decisión prejudicial del TJUE, en relación con un aspecto que no había sido aclarado antes por la jurisprudencia de este, el TC considera vulnerado el derecho y falla “otorgar el amparo solicitado por la Administración General del Estado y, en consecuencia: (…) retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictar sentencia, para que el indicado órgano judicial dicte nueva resolución que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado”. La cuestión prejudicial, en definitiva, debía ser planteada.