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En este sentido, es necesario decir, en primer lugar, que, a diferencia de lo que sucede en relación a los ingresos patrimoniales, en el caso de los tributos –y también en el caso de la Deuda pública– todo su régimen jurídico interesa al Derecho Financiero. Es decir, el régimen jurídico sustantivo de la prestación (la relación jurídica tributaria), así como los procedimientos conexos con la obtención o realización de la misma. En cambio, en el caso de los ingresos patrimoniales, que la Administración obtiene acomodándose a las reglas propias del Derecho Privado, los aspectos sustantivos de la relación de la que nace el ingreso escapan al Derecho Financiero, el cual se ocupa sólo de los aspectos procedimentales o de contabilidad pública relacionada con tales ingresos. Se puede recordar el paralelismo con los conceptos de actividad administrativa en sentido estricto, sometida al Derecho Público, y actividad administrativa sometida al Derecho Privado, en la cual existen también aspectos que interesan al Derecho Público (mecanismo de formación de la voluntad, control, etc.), pero que son de carácter procedimental o formal.