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A veces, sin embargo, se califica como compromiso unilateral de la empresa una declaración pública amparada por la legislación sobre publicidad engañosa, o un añadido por parte de la dirección al reglamento de empresa. El documento puede también tener la forma de convenios colectivos “cuadros” firmados junto con un sindicato, incluso de un acuerdo con otras organizaciones no gubernamentales. Ciertos códigos solamente conciernen a las actividades de una firma, sea dentro de un país, sea incluso en el extranjero. Otros cubren los colaboradores comerciales, sobre todo los proveedores y los subcontratistas. Su formulación no permite saber siempre si los códigos que rigen las cadenas de suministro llevan realmente un modo de regulación totalmente nuevo o intentan solamente consolidar el respeto de disposiciones jurídicas en vigor.

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iniciativas unilaterales

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Las objeciones levantadas contra este tipo de legislación provienen de su carácter unilateral, del hecho que permite al Estado dar sus propias definiciones acerca de lo que se entiende por normas equitativas de trabajo, de ser el único que determina su aplicación en otros países, de hacer de su cumplimiento un factor de ventaja económica o aduanera e imponer sanciones si son violadas. Muchos ven como preferible, en el interés de todas las partes, recurrir a instrumentos universales capaces de prevenir los peligros del proteccionismo y el riesgo de múltiples decisiones unilaterales o tomadas dentro de un pequeño grupo de Estados. Temen que la ausencia de tales instrumentos conduzca a un tipo de sobrepuja “hacia abajo” y favorezca situaciones de explotación, incluso el desmantelamiento de la protección social nacional existente. Algunos adjuntan que las malas prácticas provienen a veces de inversores extranjeros que no podrían actuar del mismo modo en casa. Más aún, aunque las disposiciones unilaterales están basadas generalmente en las que son consideradas normas fundamentales de la OIT, la última no interviene en su implementación. Nada impide, sin embargo, que un gobierno que ha condicionado la concesión de ciertas ventajas en otro Estado, al respeto por este último de derechos mínimos al trabajo, de tomar en cuenta los comentarios de los órganos de control de la Organización relacionados a las normas seleccionadas como referencia. En cambio, varios países han pedido la ayuda de la OIT para cumplir con sus obligaciones planteadas por las cláusulas sociales vinculadas a las preferencias tarifarias.