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(c) A su vez, tampoco existe un derecho constitucional absoluto a demandar ante los tribunales españoles. Los derechos del demandado están también en juego: en el contexto internacional, favorecer el acceso a la justicia española del actor puede suponer dificultar el acceso a la justicia del demandado. En la medida en que existen otros Estados con sus servicios jurisdiccionales, debe tenerse siempre en cuenta que las normas sobre CJI españolas no establecen una opción entre acceder o no acceder a la jurisdicción, sino entre acceder o no acceder a una jurisdicción particular, la española. Una respuesta negativa (los tribunales españoles no poseen CJI) puede leerse como una remisión implícita a otro tribunal extranjero más apropiado.

(d) Los límites constitucionales pueden exigir un desarrollo judicial del Derecho. Así, por ejemplo, en el caso de que el legislador no haya abierto un foro de CJI en España pero al actor no le quede otra posibilidad jurisdiccional efectiva para satisfacer sus derechos e intereses legítimos (no hay otros tribunales nacionales disponibles, p.ej.), el juez español debe admitir su competencia.