Читать книгу Estatuto jurídico de la persona requerida para comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria ostentando la condición de investigado en un procedimiento penal онлайн

58 страница из 67

De esta manera, se calificaba penalmente ambas conductas por remisión a los artículos 237 y 371 del Código Penal de 1973, respectivamente. El primero de ellos regulaba el delito de resistencia a la Autoridad y desobediencia grave: “Los que sin estar comprendidos en el artículo 231 (que regula el atentado) resistieren a la Autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren gravemente en el ejercicio de las funciones de su cargo, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 150.000 pesetas”.

Por su parte, el artículo 371 establecía: “El funcionario público que, requerido por Autoridad competente, no prestare la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de suspensión y multa de 30.000 a 150.000 pesetas. Si de su omisión resultare grave daño para la causa pública o para un tercero, las penas serán de inhabilitación especial y multa de 30.000 a 150.000 pesetas. En iguales penas incurrirá, respectivamente, el funcionario público que, requerido, por un particular a prestar algún auxilio a que esté obligado por razón de su cargo para evitar un delito u otro mal, se abstuviere de prestarlo sin causa justificada”.