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Los intentos de reforma integral del proceso penal han resultado estériles. Sólo en la década precedente se han sucedido dos Anteproyectos cuyo recorrido no pasó de su inicial aprobación por el Consejo de Ministrosssss1. Y nos hemos conformado con el recurso a la denostada técnica del parcheo para introducir en nuestro viejo texto de enjuiciamiento criminal las ineludibles modificaciones que demandaba.

Si volvemos la vista atrás hacia las últimas que se ha producido, advertiremos que buena parte de ellas se han debido a la obligada transposición de Directivas europeas. Concretamente de Directivas europeas de armonización de garantías procesales de investigados y acusados, adoptadas con la finalidad de establecer normas mínimas comunes aplicables en todo el territorio de la Unión Europea en relación a los derechos básicos que regulan. Normas de aplicación general, sin que pueda limitarse su exigencia a situaciones transfronterizas (STJUE Moro [TJCE 2019, 124]ssss1) que se aplican a todas las personas, con independencia de su situación jurídica, ciudadanía o nacionalidad y durante todo el proceso penal.