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En ocasiones anteriores nos hemos ocupado de analizar las razones que en su día justificaron el camino emprendido por el legislador europeo para actuar en esta materia y del largo recorrido seguido desde los iniciales pasos dados con la fallida Propuesta de la Comisión de 2004 sobre garantías procesales de sospechosos y acusados en procesos penales en la Unión Europeassss1. También del contenido de las seis Directivas aprobadas hasta la fechassss1 siguiendo el Plan de trabajo trazado por el Consejo en 2009ssss1.

Por ello el objetivo de estas páginas prescindirá de llevar a cabo ese análisis para centrarse en las aportaciones que la transposición de esos instrumentos europeos en nuestra legislación ha supuesto en la mejora de los derechos del justiciable.

Todo ello teniendo muy presente el artículo 4 bis LOPJ que impone a los jueces y tribunales la aplicación del derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la interpretación que sobre estas Directivas ha efectuado el Tribunal de Luxemburgo cobra especial interés.