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Por último, ha de tenerse en cuenta que la competencia para el conocimiento de estos asuntos corresponde a la Audiencia Nacional [cfr. art. 65.1.e) LOPJ].

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Delitos contra los intereses del Estado. El art. 23.3 de la LOPJ extiende la jurisdicción de los Tribunales españoles a determinados delitos que afectan a los intereses del Estado como son los de traición y contra la paz o la independencia del Estado; contra la Corona; rebelión y sedición; falsificación de firma o estampilla reales, del Estado, de los Ministros y sellos públicos u oficiales; falsificación de moneda española; cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado; atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles; hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero; contra la Administración Pública española; y los relativos al control de cambios. Conforme a lo que dispone el art. 23.6 de la LOPJ estos delitos solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.