Читать книгу El nuevo marco legal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia en España онлайн

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ssss1. El fin de asegurar una mínima igualdad en el ejercicio de derechos y deberes por parte del Estado no puede interpretarse entonces como un título que permita “vaciar el contenido de las numerosas competencias legislativas atribuidas a las CC.AA cuyo ejercicio incida, directa o indirectamente, sobre los derechos y deberes garantizados por la misma” (STC 37/1987, de 26 de marzo, F.J. 9.). No es ni puede “operar como una especie de título horizontal, capaz de introducirse en cualquier materia o sector del ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera sea remotamente, hacia un derecho o deber constitucional” (STC 61/1997, de 20 de marzo, F.J. 7.). El Estado tampoco puede, por esta vía, “pretender alterar el sistema de reparto constitucional [ni] establecer el régimen jurídico completo de la materia, regulación acabada que corresponde, con el límite de tales condiciones básicas de dominio estatal, al poder público que corresponda según el sistema constitucional de distribución de competencias” (STC 173/2012, de 15 de octubre, F.J. 5.).