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1) Si prevé la legislación nacional una definición de los conceptos de “empleado” y “empleador” en el contexto del trabajo a domicilio.

2) Si existen leyes o políticas nacionales que incidan en la situación de los trabajadores a domicilio.

3) Si se han adoptado medidas o se ha previsto adoptarlas para garantizar la igualdad de trabajo entre los trabajadores a domicilio y otros trabajadores.

4) Si se han adoptado medidas o se ha previsto adoptarlas con miras a fomentar la negociación colectiva como medio para fijar las condiciones de empleo del trabajo a domicilio.

5) Si permite la legislación y la práctica nacional el recurso a intermediarios en el trabajo a domicilio.

6) Si dispone la legislación nacional que se registren los empresarios que recurren a trabajadores a domicilio.

7) Si se han adoptado disposiciones para mantener informados a los trabajadores a domicilio acerca de sus condiciones de empleo específicas.

8) Si se aplica a los trabajadores a domicilio la legislación nacional relativa a la protección del salario, incluidas las deducciones salariales y el pago regular de los salarios.