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d) La determinación de unos deberes empresariales que facilitaran el control del cumplimiento de la norma. Se impone así la obligación de proveer a cada obrero con una “tarjeta registrada u hoja talonario” en que constaran la clase y cantidad de trabajo, la tarifa salarial y valor de los materiales suministrados (art. 16). El reglamento añadió los deberes de comunicar al comité paritario y a la Inspección de Trabajo la contratación de trabajo a domicilio, así como el local y horario de entrega y recogida de los productos elaborados; llevar un registro de trabajadores a domicilio y exponer en los locales de entrega y recogida de materiales y productos las tarifas aprobadas y la normativa del trabajo a domicilio (arts. 28 a 30 del Reglamento).

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Poco sentido tiene intentar clasificar la normativa reguladora el trabajo a domicilio de 1926 y 1927 como especial o común. Si por una parte sólo en fechas muy posteriores encontró acuñación legal esta distinción, por otra, como ya se ha dicho, no existe en estos años un concepto único de trabajador en el Código del Trabajo, sino que se define particularmente a los efectos de determinar el ámbito de aplicación de cada grupo normativo, de los que sería uno más el del trabajo a domicilio. Además tampoco se dispone de una regla sobre el sistema de fuentes normativas que permitiera dar lugar a la aplicación de los criterios de generalidad/especialidad. En el fondo, se trata de una normativa dirigida a resolver un problema social acuciante, sin pretensiones sistemáticas que sólo surgirán en momentos de madurez de nuestro ordenamiento laboral.

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