Читать книгу El fascismo de los italianos. Una historia social онлайн
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La larga crisis del Aventino (llamada así por el lugar donde se reunieron los parlamentarios que seguían oponiéndose al fascismo) se prolongó durante toda la segunda mitad de 1924, lo que evidenciaba la debilidad y sobre todo la fragmentación de la oposición institucional, así como su incapacidad general para aprovechar la protesta y la combatividad todavía presente en las masas populares en diferentes áreas del país, sobre todo urbanas. Además, proporcionó el tiempo necesario al jefe del Gobierno y del fascismo para definir una nueva estrategia, poner freno a la intemperancia de los jefes fascistas locales, tranquilizar a los sectores moderados y conquistar la confianza de los sectores empresariales que todavía no se habían posicionado políticamente. El discurso que realizó Mussolini el 3 de enero de 1925 en la reapertura de la Cámara asumiéndose la «responsabilidad política, moral, histórica de todo lo ocurrido» inauguraba una nueva fase de la historia del fascismo y del Estado italiano. Hasta aquel momento el fascismo había tolerado el sistema parlamentario, domesticándolo o, con mayor convicción, suspendiendo su funcionamiento. Entre 1925 y 1927 el Gobierno fascista elaboró una legislación (que fue recordada por el conjunto de «leyes fascistísimas») que modificaría radicalmente la propia fisionomía del Estado italiano, haciéndolo pasar de un sistema parlamentario, ya fuertemente limitado en sus prerrogativas constitucionales, a una dictadura personal con un fuerte poder ejecutivo y una administración centralizada y policíaca respaldada por la estructura del partido único. En 1925 una reorganización dio como resultado un Gobierno formado solo por ministros pertenecientes al PNF, de los cuales destacó el ministro de Justicia, Alfredo Rocco, que provenía de las filas del nacionalismo y a partir de aquel momento se convirtió en el principal legislador y refundador del nuevo Estado. Rocco intervino con dos paquetes legislativos consecutivos, las leyes de defensa del nuevo orden estatal y las leyes de reforma constitucional. Las primeras permitieron, entre 1925 y 1926, disolver definitivamente las asociaciones políticas y sindicales de oposición y silenciar a la prensa.