Читать книгу El fascismo de los italianos. Una historia social онлайн

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Una serie de atentados contra la vida de Mussolini –el atribuido al diputado socialista Tito Zaniboni el 4 de noviembre de 1925, el de la inquieta y solitaria irlandesa Violet Gibson el 7 de abril de 1926, el del anarquista Lucetti en septiembre de 1926 y sobre todo el último, no resuelto completamente, a manos del jovencísimo boloñés Anteo Zamboni el 31 de octubre de 1926– fue la ocasión para justificar la última ola general de violencia escuadrista que se abatió sobre Italia en otoño de 1926 y para introducir, el 6 de diciembre de ese mismo año, la ley de defensa del Estado y un nuevo texto único sobre la seguridad pública. Estas medidas legislativas instituían la pena de muerte y el confinamiento policial por delitos políticos y endurecían las sanciones y las condenas para quienes se expatriaban ilegalmente y conspiraban contra el Gobierno. Además, aumentaban la autoridad y la facultad de los prefectos para perseguir y disolver en las provincias toda forma de asociacionismo contrario al nuevo sistema. Gran parte de estas medidas fueron perfeccionadas y trasladadas al nuevo Código Penal, que entraría en vigor el 1 de julio de 1931. En varias ocasiones, a partir de 1925, también se modificó el perfil profesional en el ámbito judicial, con un fuerte control sobre la orientación política de abogados y procuradores y con nuevas normas para la elección y la promoción en la carrera de los jueces. Diseñadas las normas de defensa, el 14 de marzo de 1928 fue aprobada una ley de reforma constitucional. El número de diputados se redujo de 560 a 400 y debían ser elegidos en un colegio único nacional. La propuesta de los candidatos ya no llegaría de las fuerzas políticas casi inexistentes oficialmente en el Parlamento y en el país, sino de entidades, asociaciones y sindicatos fascistizados que presentaban un número de candidatos que duplicaba el de los que podían ser efectivamente elegidos. La última decisión concernía al Gran Consejo del Fascismo, que llevaba a cabo una ulterior selección entre los candidatos propuestos y gozaba de plena facultad para añadir a otros que considerara que destacaban por una «clara fama en las ciencias, las letras, las artes, la política y las armas». Las cámaras fueron disueltas el 21 de enero de 1929 y los ciudadanos varones de edad superior a veintiún años fueron llamados el 24 de marzo de 1929 a responder a la pregunta demagógica «¿Aprueba usted la lista de los diputados del Gran Consejo del Fascismo?». Se trataba de un acto que imponía que cada uno de los ciudadanos italianos adultos se pronunciase públicamente a favor o en contra del régimen, tal y como el mismo ministro de Justicia Rocco solicitaba al elector