Читать книгу El fascismo de los italianos. Una historia social онлайн

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El Concordato precisaría además la no interferencia del Vaticano y sobre todo aclararía las dos esferas de intervención: la Iglesia en la esfera de la fe y el régimen en la de la organización temporal de la política de los fieles. Las desavenencias que quedaban concernían a la juventud y, de manera secundaria, a la población femenina activa en las diócesis, pero se resolverían tres años después, en 1931, con un acuerdo concreto sobre los espacios reservados a la organización Azione Cattolica y a la organización femenina. La Iglesia, de hecho, en este acto de alianza ventajoso para ambas partes, podía aceptar no apoyar a los católicos en una política activa y autónoma en el país (que, por otra parte, siempre había sido vista con desconfianza por el papado), pero no podía abandonar su red de educación, dirigida principalmente en la periferia por Azione Cattolica, reorganizada en la primera posguerra por Pío XI. Esta población controlada directamente por la estructura eclesiástica constituía, además, una reserva que se revelaría fundamental al pasar del fascismo a la república y de la cual poder sacar cuadros y seleccionar a una nueva clase dirigente. Las disposiciones legislativas del 24 de junio de 1929 y el 28 de febrero de 1930 dictaron las modalidades de aplicación del Concordato y, al subrayar que «la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado», discriminaron por primera vez desde el nacimiento del Estado unitario a otras iglesias presentes en el territorio, especialmente a las minorías religiosas protestante y judía. Eran aun así «admitidos en el Reino cultos diferentes de la religión Católica Apostólica y Romana, a condición de que no profesen principios y no sigan ritos contrarios al orden público o la moralidad». En definitiva, lo que se hacía era someter a la aprobación del Ministerio del Interior y a la de sus prefectos cualquier acto que estas iglesias quisiesen llevar a cabo, desde la apertura de «un templo u oratorio de culto» hasta las reuniones en edificios de culto ya abiertos. Además, la enseñanza religiosa en las escuelas, que había pasado a ser obligatoria, era exclusivamente católica y los padres estaban obligados a solicitar y a justificar la exención de los propios hijos. Esto creaba la existencia de ciudadanos de segunda clase sobre la base de la profesión de una fe religiosa que no fuese la católica, o del simple laicismo o declaración de agnosticismo. Esta nueva situación incrementó la desconfianza y la vigilancia hacia quienes no practicaban la fe católica, aun antes de que se explicitasen métodos de verdadera persecución de algunas religiones minoritarias en el país.