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Sin embargo, en aras de la seguridad jurídica, el TJCE ha considerado necesario en ciertos casos de contradicción entre normas de ambos ordenamientos que el Estado nacional no está obligado a derogar la normativa interna contradictoria, pero sí debe aclarar cuál debe ser aplicada en los supuestos controvertidos. No obstante, la STJCE de 24.11.1993, rectificando en parte la jurisprudencia anterior, ha considerado que las normas nacionales no deben pasar el «test de comunitariedad» si no persiguen establecer discriminaciones entre los nacionales y los ciudadanos de otros Estados miembros, sino que son medidas de ordenación del comercio aplicables por igual a todos los agentes económicos que operan en el Estado. Esta doctrina implica que los Tribunales españoles deben rechazar el planteamiento de cuestiones prejudiciales relacionadas con normas nacionales que no discriminan a los intercambios comerciales o de servicios internacionales.

El TCE 2004 sancionaba estas relaciones afirmando que la Constitución y el derecho comunitario prima sobre el Derecho de los Estados miembros (artículo 10); pero esta primacía debe interpretarse en el mismo sentido que la técnica del desplazamiento. El TCE 2004 también precisaba que, en las materias de competencia exclusiva de la UE, la legislación y la adopción de actos de ejecución corresponderá a la UE, mientras que los Estados miembros sólo podrán hacerlo si la UE les autoriza para ello. Mientras que en las materias de competencia compartida los Estados miembros tendrán potestad para legislar y dictar actos de gestión en la medida en que la UE no hubiere ejercido la suya o hubiera decidido no ejercerla (artículo 11). Ante el fracaso del TCE 2004 que no ha sido aprobado por haber sido rechazado en referéndum por Francia y Holanda, se decidió aprobar un nuevo Tratado menos ambicioso. El nuevo Tratado de Lisboa (TL 2007), pese a su intento de ser menos ambicioso que el TCE 2004, incorpora algunas de las reformas que éste proponía, y se orienta a reformar el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de la Comunidad Europea, que, al desaparecer para ser sucedida por la Unión Europea, pasa a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.