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En cualquier caso, las leyes de armonización que no puedan ser consideradas como tales pierden su carácter armonizador, pero conservan el valor y efectos de la ley, pues la pérdida de aquel carácter no supone por ese hecho la inconstitucionalidad de la misma, pero sí lo será si el legislador estatal invade competencias exclusivas de las CCAA (STC 76/1983, de 5 de agosto [RTC 1983, 76]).
5. LEYES MARCO Y LEYES DE TRANSFERENCIA O DELEGACIÓN
Se inscriben también en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas, previéndose en el artículo 150.1 CE como una técnica de delegación de competencias legislativas del Estado en las Comunidades Autónomas, pero aquí sólo nos interesa analizar el tipo de ley marco y las leyes de transferencia o delegación de competencias.
La Ley marco no tiene prevista ninguna especialidad procedimental en su aprobación. Su verdadera naturaleza resulta de su especial contenido, de la finalidad que persigue y de sus efectos. Su contenido se enuncia en el artículo 150.1 como el propio de una ley de principios, aunque puede descender a establecer también bases y directrices que vinculan a las Asambleas legislativas en la aprobación de sus leyes de desarrollo en virtud de esta delegación de la ley marco. No se ha aprobado todavía ninguna ley de este tipo, por lo que carecemos también de doctrina jurisprudencial sobre el mismo. En cualquier caso, parece necesario recordar que las leyes marco se dictan sobre materias en las que la competencia legislativa es del propio Estado, por lo que no cabe establecer ningún tipo de restricción al delegante. Por otra parte, la ley no tiene por qué mantenerse en un puro nivel principialista al haber concretado que pueden fijarse, además de principios, bases y directrices. No son tampoco de aplicación las interpretaciones restrictivas que sobre el concepto de base hemos analizado al estudiar las leyes básicas, por cuanto la competencia para el «desarrollo» de una ley marco no es estatutaria, sino que deriva de la propia ley marco, que establece los límites de la delegación legislativa que se opera en favor de las Comunidades Autónomas.