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En este sentido, el reglamento se diferencia radicalmente de los simples actos administrativos, que tienen uno o varios destinatarios concretos, a los que se notifica el acto (que, por lo general, no precisa publicarse) y cuyos efectos se agotan en cada cumplimiento, debiéndose dictar tantos actos administrativos como situaciones concretas se pretendan resolver.

Existen, sin embargo, un tipo de actos administrativos cuya diferencia con los reglamentos es más difícil de apreciar. Son los llamados actos generales no normativos. Estos actos, por tener como destinatarios a una pluralidad indeterminada de sujetos, pueden llegar a publicarse en los Boletines Oficiales o en la prensa; por ejemplo, una convocatoria de oposiciones o una oferta de contratación. Sin embargo, estos actos no son reglamentos, porque no se inscriben en el sistema normativo; habrá que dictar otro nuevo si se quiere hacer un nuevo concurso o una nueva oferta de contrato. La distinción no es baladí, porque el régimen jurídico general de los reglamentos y el de los simples actos administrativos son distintos, como iremos exponiendo más adelante.