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Atendiendo a estos dos temas básicos, los reglamentos pueden dividirse en las siguientes clases:

El reglamento ejecutivo es aquel que desarrolla las disposiciones de una ley generalmente por atribución expresa de la potestad reglamentaria en la propia ley a desarrollar; de ahí que, en virtud de esta potestad, el reglamento ejecutivo pueda ser dictado incluso en materias reservadas a la ley, que han sido reguladas por la ley que el reglamento desarrolla. El reglamento cumple así una función de colaboración normativa con la ley, pero no en virtud de una delegación legislativa recepticia que se concretaría en un Decreto legislativo y, por tanto, en una norma con rango de ley. El reglamento ejecutivo, por el contrario, es una simple norma reglamentaria y, como tal, tiene rango inferior a las leyes. A este fenómeno la doctrina (García de Enterría) lo denomina delegación no recepticia o remisión normativa. Éste es el ámbito institucionalmente más propio de los reglamentos con incidencia en la esfera jurídica de los particulares. Sin embargo, en base a lo dispuesto en el artículo 97 CE debe admitirse que el Gobierno puede también aprobar reglamentos ejecutivos, aun cuando en la ley a desarrollar no se previera una expresa remisión normativa.