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En cualquier caso, el fenómeno producido afecta al rango de la norma posibilitando que el reglamento pueda regular materias anteriormente contenidas en una ley. Lo que se produce es una previsión legal por la que excluyendo su fuerza formal pasiva, el reglamento puede derogar o modificar normas contenidas en una ley (Rebollo). Pero sin que ello suponga que por la previsión deslegalizadora de futuro en favor del reglamento se venga a «degradar» la regulación legal a meramente reglamentaria. En todo caso, la deslegalización tiene el límite de no poder afectar a las materias que integran la reserva de la ley (STS de 7-12-1994).

Un supuesto excepcional, como lo es el propio estado de alarma en el que se produce, es la habilitación normativa al Gobierno para modificar o ampliar las medidas previstas en el R. Decreto 463/2020 (Disp. final 2ª) y al Ministro de Sanidad para dictar órdenes que puedan modificar las actividades y desplazamientos a que se refiere el art. 7 de dicho Real Decreto (art. 7.6). En este caso la habilitación normativa decae en su eficacia cuando finalice la vigencia del estado de alarma, que ha venido siendo prorrogada con la correspondiente autorización del Congreso de los Diputados hasta en cinco ocasiones, conforme a lo dispuesto en el art. 116 CE.

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