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La omisión de los trámites esenciales citados en el procedimiento de elaboración de los reglamentos determina la nulidad del reglamento. Ésta es la consecuencia natural, pues en relación a las normas, como integrantes del Ordenamiento jurídico, no cabe la sanción de simple anulabilidad, que está establecida en interés principal de los interesados; se trata siempre de vicios de nulidad de pleno derecho porque afectan al sistema normativo general, son por tanto cuestiones o vicios de orden público (García de Enterría). Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido en ocasiones que determinados vicios de forma o procedimiento constituyen vicios de anulabilidad del Reglamento que los contiene (STC de 21-12-1990).

En todo caso, los Reglamentos ejecutivos que según la Ley que los habilita deben ser aprobados en un plazo determinado, no incurren en vicio de nulidad si no fueran aprobados en dicho plazo, por supuesta caducidad de la autorización habilitante para su aprobación ya que están amparados por el artículo 97 CE.