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Por otra parte, el sometimiento de la acción de los Poderes Públicos al Derecho supone que los ciudadanos pueden defender sus derechos e intereses legítimos ante los Tribunales de Justicia, mediante los correspondientes recursos y ejercicio de acciones. De esta suerte, los Tribunales de Justicia se convierten en garantes de esa sumisión del poder al Derecho, ejerciendo una acción que implica control de la actividad del Gobierno y la Administración Pública (artículo 106.1 CE) y protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los ciudadanos (artículos 24 y 53 CE).

d) El reconocimiento de los derechos públicos subjetivos. Como hemos ido advirtiendo, la consagración del Estado de Derecho tiene una última finalidad esencial: elevar a los súbditos del Antiguo Régimen a la condición de ciudadanos, a quienes el Derecho reconoce una esfera individual y social de derechos que no puedan ser desconocidos por el Poder público. No es por ello casual que la Revolución francesa aprobase, incluso antes que su primera Constitución, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y tampoco que la Constitución de los Estados Unidos, que no los recogió en su primera versión, sufriera en este punto las primeras modificaciones a través de enmiendas para dar cabida a los Derechos fundamentales. Estos Derechos Fundamentales son todavía hoy parte esencial de toda Constitución; aunque lógicamente a los primeros derechos reconocidos por los liberales del siglo XVIII, de carácter sustancialmente individual, se han ido añadiendo otros de carácter social.