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Mayor énfasis han venido poniendo algunos autores en el significado del término social que se añade al Estado de Derecho. Pero si bien se analiza, se observa que dichos autores pretenden identificar el concepto de Estado de Derecho con el modelo histórico de un Estado de corte liberal en el que los únicos derechos reconocidos por la Constitución sean los de carácter individual. Esta identificación es arbitraria, puesto que el modelo de Estado de Derecho admite –exige incluso, en la actualidad– el reconocimiento de los llamados derechos sociales. Y éste es el único objetivo del término «social»: advertir que también se reconocen derechos de este carácter. Lo demás se sigue necesariamente de ese reconocimiento, en particular que la acción de los Poderes públicos debe promover la efectividad de esos derechos, es decir, que debe realizar una política intervencionista, en su caso, y siempre beligerante para hacer realidad los valores que esos derechos sociales consagran.

El Estado Social de Derecho supone, por tanto, la constitucionalización de la política intervencionista que se había desarrollado muy ampliamente en el siglo XX. Pero dicho intervencionismo se origina en lo que algunos autores llaman el Estado de Derecho clásico (que confunden con la política liberal desarrollada en la primera etapa histórica del Estado de Derecho) para contraponerlo al Estado Social de Derecho; lo que demuestra que éste no supone más que la inserción en el Texto Constitucional de nuevos derechos sociales y el otorgar una finalidad conformadora de la sociedad a la acción intervencionista del Estado. Finalidades de las que se encargará esencialmente la Administración Pública, tal como advirtiera Forsthoff, como servidora de la «Daseinsvorsorge», literalmente procura existencial, que implica la realización efectiva de un espacio vital digno para el ciudadano, al que éste tiene derecho. Ideas que lejos de ser incompatibles con el Estado de Derecho lo presuponen, intensificando su verdadero significado.

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