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La mayor parte de estas técnicas de garantía tienen un carácter individualista, y su protección a través de las correspondientes acciones de recurso sólo se reconoce a los titulares de derechos o intereses legítimos que resulten afectados; pero los canales de participación ciudadana en la acción administrativa y la extensión de la facultad de recurrir contra los actos y disposiciones administrativas, van progresivamente ampliándose en favor de entidades representativas de colectivos de ciudadanos (Asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, de usuarios, etc.). Por ello este sentido garantizador es el contrapunto exacto al carácter de Derecho de prerrogativas que también tiene el Derecho Administrativo.

D. Derecho en permanente adaptación a la realidad que ordena

La Administración Pública traduce en acción jurídica las líneas marcadas por la política de Gobierno, y de ahí que el Derecho que la ordena, estrechamente vinculado a la norma por el principio de legalidad, esté en constante evolución o adaptación. El Derecho Administrativo es un Derecho mudable, dirán los clásicos, especialmente si se lo compara con aquellas otras ramas del ordenamiento que recogen sustancialmente su normativa en los viejos códigos de los siglos pasados. Frente a esos Ordenamientos codificados, el Derecho Administrativo se caracteriza por lo que gráficamente se ha llamado «motorización legislativa», que, por otra parte, no es sino una consecuencia del progresivo intervencionismo público.

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