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Este último supuesto trae causa de la posibilidad de regularización fiscal extraordinaria –introducida por RDLey 12/2012–, cuyo plazo finalizó el 30 de noviembre de 2012, a fin de que aquellos contribuyentes que tuvieran bienes o derechos que no se correspondan con la renta previamente declarada pudieran regularizar su situación tributaria a través del pago de un Gravamen Especial del 10 por 100 del valor de adquisición de tales bienes. Todo ello, con exclusión de los recargos, intereses, sanciones o penas que, en otro caso, hubieran podido devengarse o imponerse. Dicha regularización afectó en gran medida a los títulos y valores que los contribuyentes pudieran tener ocultos en el extranjero De ahí que se estableciera una obligación específica, de identificar y declarar los bienes que se tienen en el extranjero. Es lo que hizo la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que añadió una Disp. Adicional 18 a la LGT, por la que se estableció el deber de comunicar a la Administración los bienes y derechos situados en el extranjero, consistentes en: cuentas en entidades financieras, activos financieros, valores mobiliarios e inmuebles.