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El IRPF es un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, de forma que éstas no sólo tienen derecho a una parte de la recaudación del impuesto –el 50 por 100–, sino que, con un mayor grado de corresponsabilidad fiscal, han asumido competencias normativas en relación con el denominado gravamen autonómico, pudiendo influir en la cuantía de los mínimos personales y familiares, establecer la tarifa del tramo autonómico o la cuantía de los mínimos personales o familiares, regular algunas deducciones de la cuota o, simplemente, no regular nada, en cuyo caso la cuota líquida se exigirá de acuerdo con el mínimo personal y familiar y las deducciones establecidas por el Estado.

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, que regula el régimen administrativo y fiscal del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, establece las pautas para que las Comunidades Autónomas desarrollen sus potestades normativas en el ámbito del IRPF.

El IRPF tiene vigencia en todo el territorio español, aunque en el País Vasco y Navarra rigen los regímenes tributarios formales de Concierto y Convenio Económico, respectivamente, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Primera CE.