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En caso de concurso de acreedores en el que se hubiera acordado la mera intervención de la facultad de administrar, el juez, a solicitud fundada de la administración concursal, puede acordar la revocación del nombramiento del auditor de cuentas y el nombramiento de otro nuevo (art. 117 TRLC). Si la situación fuera de suspensión, la facultad de someter a auditoría las cuentas anuales corresponde a la administración concursal (art. 116 TRLC).

La auditoría de cuentas es una actividad que sólo puede ser realizada por aquellos profesionales titulados o por aquellas sociedades profesionales autorizadas para el ejercicio de esa actividad. Esa autorización se obtiene por la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) que se lleva por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (art. 8 LAC y arts. 20 y ss. Regl.), organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, al que corresponde el control y disciplina del ejercicio de la actividad auditora y el control técnico de las auditorías de cuentas (art. 46 LAC). La Ley fija los requisitos de aptitud profesional que deben reunir los auditores personas naturales que soliciten esa autorización: haber obtenido una titulación universitaria, haber seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una formación práctica y haber superado un examen de aptitud profesional organizado y reconocido por el Estado (art. 9 LAC). El ejercicio de la función auditora puede ser desarrollado también por sociedades de auditores de cuentas, que igualmente deberán inscribirse en el citado Registro administrativo. Se trata de sociedades profesionales especiales (v. disp. adic. 1.ª LSP) en las que la mayoría de los derechos de voto deben corresponder a auditores o a sociedades de auditoría y en las que la mayoría de los miembros del órgano de administración deben ser igualmente auditores o sociedades de auditoría (art. 11 LAC).